Se está hablando mucho últimamente sobre la nueva Ley de residuos que se prevé que el Congreso apruebe de forma definitiva próximamente, si bien el análisis y el debate se está centrando especialmente en los residuos municipales. Pero la nueva norma afecta también a la gestión de residuos industriales, un sector esencial para que la industria española en general avance hacia un modelo de producción más sostenible.
En LIR hemos querido abordar esta cuestión y para ello hemos hablado con Cristina Vázquez Muiño, socia y directora de Operaciones de TEIMAS, empresa centrada desde 2008 en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión de residuos. En esta entrevista abordamos, entre otras cuestiones, las nuevas obligaciones para productores y gestores de residuos que incorpora la futura ley y su impacto en cuestiones como la trazabilidad, los traslados de residuos o la «inevitable» digitalización de un sector clave para la economía circular y la lucha contra el cambio climático.
Pese a la crisis sanitaria, estos últimos años ha habido cambios importantes en la cadena de valor de la gestión de residuos. ¿Cuáles son y qué están aportando al sector residuos?
En mi opinión, precisamente la crisis sanitaria (que sin duda ha tenido unas consecuencias devastadoras en muchos sentidos) ha servido para exponer o sacar a la luz un sector imprescindible de la sociedad, pero que permanece en las sombras la mayor parte del tiempo. A la gran labor de numerosos gremios profesionales se ha sumado la de los especialistas en la gestión de los residuos que se han generado por esta emergencia y que han conseguido asumir la recogida y tratamiento de enormes volúmenes (en ocasiones un 350% superiores a los habituales) en condiciones de seguridad.
En los últimos años, el sector se ha ido profesionalizando. En el ámbito de la empresa productora o generadora, muchas compañías empiezan a ser conscientes del impacto que generan sus desechos en el medio ambiente y en la sociedad. No sólo hablo del valor económico que pueda tener la propia gestión de los residuos que generan, sino también del impacto ambiental que podría tener el hecho de que no se traten correctamente, el impacto social, el reputacional (que cada día cobra más importancia) y en muchos casos, incluso la posibilidad de acceder o no a financiación o inversión.
En cuanto al ámbito de la gestión, hemos pasado de empresas, en ocasiones, de subsistencia, a empresas punteras, con enormes inversiones para poder utilizar las mejores técnicas disponibles. De forma obligatoria han tenido y siguen teniendo que adaptarse a la normativa cambiante, al aumento vertiginoso de obligaciones, a lidiar con la falta de armonización documental y procedimental y a dar un servicio eficaz y transparente a todas las industrias productoras que demandan datos e información para mejorar. Los gestores de residuos juegan un papel fundamental en esta nueva era de la digitalización, la sostenibilidad y la economía circular.
El año pasado el Ministerio publicó la plataforma electrónica de gestión de residuos e-SIR. ¿En qué medida está afectando a la cadena de valor del residuo?
Ya han pasado 6 meses desde la puesta en marcha de la plataforma e-SIR (de uso obligatorio desde el pasado 1 de septiembre) y, en mi opinión, ha sido el mayor cambio que el sector ha experimentado en los últimos años, por lo que sigue siendo todavía un foco de preocupación.
Si la entrada de esta plataforma ha sido relevante, tanto o más importante es el cambio de flujo que representa: la obligación de presentar los documentos de traslado (DI) antes de que el traslado de residuos se produzca. Este flujo, marca un antes y un después en la forma de trabajar de las empresas de la cadena de valor del residuo.
Hasta este momento muchas Comunidades Autónomas no tenían un control estricto de los datos de las Notificaciones de Traslado (NT) y los Documentos de Identificación (DI) y además, los DI sólo debían ser remitidos a la Administración después del traslado. Desde la entrada en funcionamiento de e-SIR, si una NT no se envía con la antelación suficiente a la sede electrónica, el traslado no podrá ser realizado conforme a la norma. Del mismo modo, si un Documento de Identificación no se envía correctamente a e-SIR antes del traslado, no podrá ser remitido en fechas posteriores ni permitirá al gestor cumplir con su obligación.
Tanto e-SIR como el resto de plataformas autonómicas adaptadas al RD 553/2020 de traslados de residuos ponen el foco en la obligación que tiene el operador de documentar el traslado. No obstante, tanto e-SIR como algunas otras herramientas de Comunidades Autónomas presentan algunas deficiencias que dificultan la operativa diaria de los operadores de traslado. Entre otras cosas, el hecho de que el Registro de Productores y Gestores de Residuos (RPGR) no sea público y no esté completamente actualizado dificulta mucho la generación de documentos.
Dado que los datos del RPGR se originan en las Comunidades Autónomas, el mecanismo de corrección que se ha determinado pasa por que las empresas que detecten el error avisen a la Comunidad que corresponda para que esta realice los cambios, y la mayoría de las veces pasan días hasta que el RPGR de e-SIR queda actualizado, lo que no hace sino retrasar los traslados de residuos. Las empresas (operadores y gestores) se quejan de que en ocasiones, tras semanas solicitando cambios, no tienen respuesta y de que siguen faltando códigos LER extendidos para muchos productores y gestores registrados, lo que hace imposible generar las NT y DI correctamente.
Considero que tanto e-SIR como las plataformas de las Comunidades Autónomas cumplen un papel fundamental en la vigilancia y control, pero creo que es necesario que se siga impulsando su desarrollo para que se conviertan en herramientas útiles para todas las empresas de la cadena de valor que quieren hacer las cosas bien, y que sin duda, son la gran mayoría.
En breve se aprobará la nueva Ley de Residuos. ¿Cuáles son, a tu modo de ver, los aspectos más destacados?
El texto definitivo todavía está por definir, pero tomando como base el que remitió el Congreso al Senado el pasado 28 de diciembre, cabe destacar en primer lugar, la amplitud de la norma, que abarca suelos contaminados, medidas para la reducción de ciertos productos de plástico, responsabilidad ampliada del productor, objetivos de tratamiento, medidas fiscales, el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR) y las obligaciones de productores y gestores de residuos entre otros temas.
Aunque en un texto tan amplio aparecen numerosos puntos clave para el sector, quisiera destacar tres:
En primer lugar, se hace cada vez más patente la relación “residuos – economía circular”. Tanto es así, que el título del propio texto es “Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular”. También se afianza la relación entre residuos y cambio climático y entre residuos y desarrollo sostenible. Este detalle no es menor, pues estos aspectos son claves para el futuro de la sociedad y para la salud de las personas y se pone de manifiesto que la cadena de valor del residuo es cada vez más importante.
El nuevo texto pone el foco en el productor como “co-responsable” del correcto tratamiento de los residuos que genera. El productor inicial u otro poseedor de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos y deberá acreditarlo documentalmente. No es suficiente con disponer de un acuerdo con un negociante o un gestor intermedio, sino que la responsabilidad persiste hasta llevar a cabo una operación de tratamiento completo que quede acreditada por una instalación de tratamiento final. Además, se recupera la obligación de que los productores, tanto de residuos peligrosos como de no peligrosos, entreguen memorias anuales de residuos a la Comunidad Autónoma.
La norma establece tasas para el depósito de residuos en vertedero y empuja hacia la preparación para la reutilización, el reciclaje y la valorización. Establece objetivos de reciclaje de residuos municipales y objetivos de reducción de residuos en vertedero que sin duda van a suponer un verdadero reto, no sólo para los municipios sino también para las empresas españolas en los próximos años. Desde mi punto de vista, ese reto no está sólo en el volumen, sino en la indispensable innovación y el incremento de los medios digitales, físicos y humanos requeridos para conseguirlo.
¿Cómo crees que afectará a los profesionales del sector residuos en su actividad diaria?
Por un lado se esperan evidentes impactos económicos para industrias muy dependientes en la actualidad de determinados plásticos y también para las que destinan la mayoría de sus residuos en la actualidad a vertedero o incineración, que de forma directa se verán afectadas por las medidas fiscales propuestas en el texto de la nueva Ley.
Por otro lado, parece necesario un cambio en la segregación y gestión de residuos municipales para llegar a un 65% de reciclado, teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles estamos ahora en torno a un 35% y que muchos municipios ya han manifestado sus dificultades para conseguir aumentar esa cifra.
También el sector de los Residuos de Construcción y Demolición se verá afectado. Los RCD suponen en torno a un tercio de los residuos generados en la Unión Europea y también en España. Estos residuos deberán clasificarse en distintas fracciones preferentemente, en el lugar de generación casi desde ya, y las obras de demolición deberán realizar también separación selectiva de forma obligatoria a partir de 2024.
El nuevo texto de la Ley regula el Sistema electrónico de Información de Residuos (eSIR), que incluirá lo que ya conocemos ahora (repositorio de traslados y RPGR) y también otras herramientas como la plataforma de RAEE, el registro de subproductos o el repositorio de traslados transfronterizos entre otros. La puesta en marcha de todas estas herramientas que permiten a las autoridades realizar el seguimiento y control de la producción y gestión de residuos provocará la necesaria digitalización de todo el sector y de toda la cadena de valor.
Creo que el Real Decreto 553/2020 de traslados y algunos otros como el 646/2020 de eliminación de residuos en vertedero ya ha sentado las bases para varios de los puntos que establece la norma, pero el sector deberá seguir invirtiendo en innovación, en infraestructuras, en digitalización, en comunicación y en transparencia para poder cumplir con los objetivos, y será más necesario que nunca el apoyo real de la administración para conseguirlo.
¿En qué medida crees que esta nueva Ley ayudará a impulsar la economía circular y los ODS?
Como he mencionado antes, la norma pone de manifiesto la relación entre residuos y economía circular. Cumplir con los objetivos de reutilización y recuperación pasan también por impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre otros, el denominado “acción por el clima” y el de “producción y consumo sostenibles”. Además, también existen objetivos para reducir el desperdicio alimentario y para favorecer la vida marina.
Cabe destacar también que, además de las emisiones de metano en los vertederos de residuos biodegradables que menciona el texto, según la fundación Ellen MacArthur, el 45% de las emisiones se generan en la producción de nuevos productos, por lo que los objetivos de reducción, reutilización y reciclado podrían tener un gran impacto ambiental a largo plazo y también en la salud de las personas.
Pero esto presenta enormes retos: crear productos reparables, generar demanda de los productos reciclados, innovar en las técnicas de separación, aprovechar al máximo las ventajas de la digitalización, luchar contra el fraude, diseñar nuevos procesos, innovar en los mecanismos de tratamiento, etc.
Se habla de la responsabilidad extendida de las empresas productoras del residuo. ¿Qué efectos podría tener a corto y medio plazo sobre ellas?
La nueva Ley aumenta la responsabilidad del productor, que deberá velar por el correcto tratamiento de los residuos que genera. Así, deberá solicitar acreditación documental del tratamiento final del desecho y su responsabilidad no terminará sólo con entregar el residuo a un gestor intermedio o un negociante. Este será otro de los retos que depara la nueva norma, pues la trazabilidad cobra cada vez mayor importancia.
Este asunto ya se ha regulado en otros países europeos como Reino Unido o Francia, y en España este cambio ya había sido demandado en numerosas ocasiones por asociaciones del sector. Por ejemplo, ASEGRE publicó un estudio en 2019 exponiendo los beneficios de esta responsabilidad compartida.
A medio plazo, cabría esperar una reducción del fraude y las malas prácticas y una autoorganización o autorregulación en el flujo de residuos. Un escenario en el que los gestores ofrecen tratamientos de mayor valor añadido y tratamientos llevados a cabo en condiciones de seguridad, y el productor, por su lado, se interesará por seleccionar los mejores tratamientos para sus residuos.
Considero que todas las empresas de la cadena de valor del residuo verán un enorme desafío: por un lado los productores deberán ser más conscientes de dónde terminan sus residuos y cuántos “saltos” dan hasta un tratamiento final y deberán solicitar documentación que así lo acredite. Por otro lado, agentes, negociantes, gestores intermedios y finales deberán hacer un esfuerzo de transparencia y trazabilidad.
Hay que tener en cuenta, que no es sólo una cuestión formal, sino que hay también una dificultad física por la propia naturaleza de los residuos, que son muy heterogéneos. A veces la cadena hasta el tratamiento final está clara y es corta, pero en muchas ocasiones, los desechos se consolidan o juntan con otros lotes de naturaleza similar y posteriormente se clasifican dando lugar a otros residuos distintos que tienen diversos destinos y tratamientos. En este punto, también considero que los sistemas que puedan asegurar la trazabilidad de los residuos serán de enorme utilidad para todos los agentes de la cadena de valor.
¿Alguna previsión de futuro para los próximos años?
Parece que los próximos años estarán marcados por el camino hacia la sostenibilidad, la trazabilidad y la digitalización. En ese camino, reguladores, administraciones, ciudadanía y empresas de cualquier tamaño estaremos implicadas.
